El Juzgado de lo Social ha declarado ilegal la huelga convocada el pasado mes de julio en el sector del metal de la Bahía de Cádiz por la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), que no se llevó a cabo, para exigir la reincorporación de cuatro despedidos de una contrata de Navantia, Mecamansol, y volver a pedir el cumplimiento del convenio del metal. La Federación de Empresarios del Metal de Cádiz (Femca) está detrás de la demanda y ya ha expresado su satisfacción por el fallo judicial; mientras la CTM ya piensa en recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Según la versión de la patronal, el fallo, emitido tras el juicio celebrado a principios de diciembre, pone de relieve “diversas irregularidades” en el proceso de convocatoria de aquella huelga indefinida.
Así, la sentencia resalta que el comité de huelga no incluyó a operarios de los centros de trabajos afectados, “un requisito fundamental según la normativa laboral”. Además, se destaca la peculiaridad de que algunos de los integrantes del comité son autónomos, “lo cual contradice las regulaciones vigentes”.
Otro punto “crítico” de la convocatoria es que la huelga “no afectaba directamente a los intereses de quienes la promovían”. Al tratarse de una huelga de solidaridad por el despido de cuatro trabajadores, “se considera contraria a la normativa actual”.
Además, la sentencia señala que no se respetaron los procedimientos establecidos, ya que no hubo un acuerdo mayoritario ni entre los representantes de los trabajadores de los centros afectados ni en una asamblea de trabajadores.
Como consecuencia de estas irregularidades, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la Femca apunta a la posibilidad de que contratas afectadas demanden al sindicato convocante por daños y perjuicios. El amago de huelga, según la patronal del sector, “provocó la pérdida de dos barcos, con órdenes de pedido y personal contratado ya firmados”, así como diversos costes incurridos por empresas de la cadena de suministro de Navantia “durante los días de conflicto”.
La Federación de Empresarios del Metal de la provincia y la asociación empresarial de la Industria Auxiliar Naval (IAN), “satisfechas” por la decisión judicial, aprovechan para enfatizar en la necesidad de reflexionar sobre “el uso constante de conflictos laborales injustificados y desproporcionados”, al tiempo que exigen “respetar las normativas legales para la convocatoria de huelgas”.
“SI LOS EMPRESARIOS AFILAN SUS ARMAS, A LOS TRABAJADORES NOS TOCA AFILAR LAS NUESTRAS. NO NOS VAN A PARAR NI LA JUSTICIA NI LAS INJUSTICIAS”
“Estos empresarios valientes que nos denuncian son los que van llorando a la Inspección de Trabajo a decirles que el convenio es inasumible, no les da para el BMW; son aquellos que no cumplen el convenio colectivo y se cachondean de la Inspección y de la Justicia porque el precio de la sanción les sale rentable. También son los que se están cachondeando y lucrándose del fijo discontinuo de Yolanda Díaz (la ministra de Trabajo). Y los mismos que no se gastan un duro en formar a sus trabajadores, pero que luego van llorando a la prensa a contarles que no hay profesionales”, reflexionaban estos días desde la CTM a través de sus redes sociales a colación de juicio.
Al respecto, se deja claro que “el intento de amedrentar a la clase obrera del metal les va a salir regular a los Diego Chaves (presidente de la Femca) y compañía”. “Por nuestra parte, vamos a incrementar las denuncias, vamos a intensificar la presión a través de asambleas o reuniones, y vamos a exigir a los sindicatos encargados de negociar el nuevo convenio del metal que convoquen asambleas abiertas para todos los trabajadores, no solo para los que están trabajando ahora mismo. Si los empresarios afilan sus armas, a los trabajadores nos toca afilar las nuestras. No nos van a parar ni la Justicia ni las injusticias”, advierte esta organización sindical alternativa.
La Coordinadora de Trabajadores del Metal repara en que para la prensa estas empresas auxiliares son “el tejido industrial gaditano”, pero “en la realidad no son más que ETTs camufladas que viven de mamá Navantia o papá Dragados. No generan empleo, no forman a trabajadores e incumplen el convenio porque, tanto mamá como papá, los usan para abaratar los precios a costa de dichos incumplimientos”. Es más, se llega a sopesar que posiblemente hayan sido las empresas tractores “las que les hayan animado a denunciarnos sabiendo que la negociación del convenio está ahí, y hay que amordazar a los que no nos vamos a quedar callados con lo que se vaya a firmar”.
Igualmente, la patronal es la que acusa a la CTM de “terroristas”, aunque “la única sangre que se derrama en los astilleros es la de los trabajadores que han perdido la vida o han sufrido accidentes después de soportar condiciones de trabajo inhumanas”.
En definitiva, sentencia este sindicato, “estos que pisotean la ley, son los que quieren utilizarla para amedrentar a los trabajadores y poner en peligro el derecho a huelga dentro de los astilleros. Saben que va a ver una importante carga de trabajo y quieren debilitar nuestros mecanismos de resistencia para rebajar los sueldos y las condiciones de trabajo”.
